La transformación digital de la Administración Pública ya no es sólo una cuestión técnica o de infraestructuras: es una palanca de valor público sostenible, capaz de generar efectos económicos y sociales derivados, si se guía con visión y conciencia. El reto no es sólo «digitalizarse», sino que lo digital esté al servicio de la AP -y que la AP sepa interpretarlo- operando no como mero usuario, sino como habilitador estructural de participación, transparencia y equidad. En este sentido, se cumple lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 3 de nuestra Constitución: «Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad social y son iguales ante la ley», y la eliminación de los obstáculos que impiden la plena participación de los ciudadanos en la vida del país se convierte también en una misión digital.
Cuando la Administración utiliza la tecnología con el papel que realmente le corresponde -cercano al ciudadano, inclusivo, proactivo- se dibuja un marco de sostenibilidad digital capaz de generar valor: económico (eficiencia, calidad, ahorro) y social (inclusión, reducción de la brecha, derechos activados). En esa visión, las empresas internas del sector público -esas «hijas» de la AP, con gobernanza mixta, sujetas a valores públicos y no puramente lucrativos- emergen como actores estratégicos: palancas operativas inteligentes que pueden traducir la visión de la AP en arquitecturas digitales y procesos administrativos verdaderamente al servicio de los ciudadanos.
Las empresas internas como garantes del valor público
Las empresas internas no quedan en un segundo plano: no son extras, sino herramientas decisivas para que la sostenibilidad digital no se quede en una aspiración, sino que se traduzca en hechos. Tienen la capacidad de atraer talento, operar con procedimientos más ágiles que la AP tradicional y dialogar con el mercado sin perder de vista el interés general. En esto, las empresas in-house encarnan la sostenibilidad: porque alinean la acción tecnológica con el interés general, evitando derivas especulativas o incoherencias de diseño.
El posicionamiento híbrido -sin ánimo de lucro, pero orientado a la calidad y eficacia de la intervención pública- hace únicas a estas empresas. En un ecosistema en el que la demanda de la AP y la oferta del mercado a menudo luchan por entenderse, las empresas internas actúan como «mediadores inteligentes»: interpretan las necesidades de los organismos públicos, traducen los requisitos en requisitos técnicos y estructuran la demanda pública para que sea reconocible y sostenible para los proveedores. Parten de un acervo de conocimientos acumulados a lo largo del tiempo -infraestructuras, sistemas, arquitecturas de software, procesos administrativos-, un capital humano y de información que no puede improvisarse ni reproducirse fácilmente.
De ahí la función complementaria y subsidiaria de las empresas internas: forman parte de la misma familia institucional que la AP de origen, pero también miran hacia fuera. Conocen el lenguaje del mercado, pero no son sus víctimas; entienden los tiempos de la AP, pero saben lo importante que es una innovación llegada en el momento oportuno. Por eso, en la transformación digital de las administraciones -entendida como el paso de una administración basada en el papel y reactiva a una AP proactiva, interoperable y orientada al ciudadano-, las empresas internas se convierten en agentes de frontera: implementan, pero también interpretan; entregan, pero traducen la visión política en arquitectura técnica, los derechos en procesos.
Proyectos de sostenibilidad digital promovidos por la empresa
Las empresas internas operan en infraestructuras estratégicas -centros de datos regionales, plataformas interoperables de servicios al ciudadano, control de la ciberseguridad-, ámbitos que requieren flexibilidad, competencias claras y gobernanza. Tomemos como ejemplo las acciones de ACI Informatica S.p.A.: en sus Informes de Sostenibilidad (ya en las ediciones a partir de 2022 y hasta el último Informe de 2024) se observa cómo la dimensión de la «sostenibilidad digital» se declina explícitamente en relación con las TIC, flanqueando las políticas ESG tradicionales. Además, ACI Informatica ha promovido el proyecto educativo ‘RoLS: Rompiamo Le Scatole’ (Rompamos las Cajas) -en colaboración con la Fundación para la Sostenibilidad Digital- para desarrollar habilidades digitales conscientes entre los estudiantes, rompiendo lógicas pasivas de uso y convirtiendo a los jóvenes en verdaderos actores del cambio. Todo esto demuestra cómo las organizaciones internas pueden promover proyectos en los que la tecnología se convierta en una palanca de la ciudadanía digital, no solo en una herramienta.
Valor económico y social de la digitalización sostenible
La sostenibilidad digital, si se despliega adecuadamente, produce valor económico: por ejemplo, a través de la optimización de procesos, la reducción de costes operativos, la eficiencia de las inversiones y una mayor interoperabilidad entre administraciones que evita duplicidades e ineficiencias. Al mismo tiempo, crea valor social: el acceso a los servicios digitales se hace inclusivo, se reduce la distancia territorial o social, disminuyen las barreras, la administración se hace más cercana y participativa. In-house, al estar arraigado en la AP pero operativo a nivel técnico, genera un doble impacto: por un lado mejora la eficiencia de la máquina pública, por otro refuerza la confianza y la participación de los ciudadanos. De este modo, se concreta el objetivo constitucional de igualdad y participación.
Metodologías para medir el impacto social de la digitalización: Praxis 147
Pero no basta con «hacer digital» y «hacer sostenible»: hay que medir. Y aquí es donde entra en juego UNI/PdR 147. La práctica -la primera a escala europea para la sostenibilidad digital de los proyectos de transformación- esboza requisitos e indicadores (KPI) aplicables en todas las fases del ciclo de vida del proyecto: inicio, planificación, ejecución, seguimiento/cierre.
En su edición de 2023, la práctica incluyó 58 KPI relacionados con 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030. Posteriormente, la versión 2025 actualizó su estructura: alrededor de 50 indicadores, métricas de cinco niveles inspiradas en el modelo de madurez CMM y alineación con las normas de información ESG (ESRS) y la contabilidad de transición digital.
Para la empresa y la AP, esto significa ser capaz de traducir el valor producido en cifras y sistemas de gobernanza: medir no sólo «cuánto», sino también «cómo» y «qué tan bien». A través de la práctica, se puede hacer un seguimiento de los impactos en términos de equidad digital, inclusión, accesibilidad, reducción de la brecha tecnológica y social. Los KPI se convierten en herramientas para hacer transparente la contribución que la digitalización genera sobre el bien público.
Iniciativas para la equidad digital y la inclusión social
La sostenibilidad digital no es sólo una TI verde, ni un mero balance energético: es la capacidad de producir servicios digitales que no amplíen la brecha entre los que tienen y los que no tienen -de ancho de banda, herramientas, habilidades, capacidades de acceso. La empresa puede integrar un enfoque integrador: diseñar infraestructuras tecnológicas que no sean neutrales, sino pensadas para la accesibilidad, la proximidad y la educación ciudadana. Iniciativas como «Rompamos las cajas» muestran cómo la educación, la concienciación y las competencias digitales son parte integrante del proceso. También se pueden activar plataformas de participación digital, herramientas para ciudadanos «frágiles», servicios en línea sencillos y transparentes diseñados con criterios de usabilidad y accesibilidad. De este modo, la transformación digital se convierte en un factor de cohesión social y no de exclusión.
Conclusión
Maximizar el valor público a través de la sostenibilidad digital requiere actores que sepan operar en la encrucijada de la tecnología y el mandato público. Las empresas internas desempeñan exactamente este papel: no son meras ejecutoras, sino coautoras de la transformación. Precisamente como «zonas de contacto» entre sistemas, procesos y ciudadanos, trazan caminos seguros y ayudan a la AP a leer y cambiar el panorama digital. Pero para ello es necesaria una gobernanza clara, una misión no declarada con objetivos, indicadores y herramientas de seguimiento; la sostenibilidad digital no debe quedarse en un eslogan, sino convertirse en infraestructura; las inversiones digitales deben reducir los obstáculos en lugar de construir otros nuevos.
Así, transformación y participación se convierten en una única trayectoria: hacia una ciudadanía plena, universal y digital.