En el Gran Ducado del Antiguo Ban, todo comenzó con dos sabias leyes. La primera prohibía las redes sociales para los menores de 16 años. La segunda, las pantallas para los menores de tres años. Nadie protestó: ¿quién demonios defendería las pantallas, las redes sociales o la exposición de los niños a tales influencias? El ministro de Protección Universal, un hombre con el rostro tranquilizador de un botiquín, anunció que los niños por fin estaban a salvo. A los niños, que seguían tan mal como antes, no se les consultó.

Pero la inquietud persistía. Y el Gran Ducado descubrió su principio fundamental, el «Teorema de la timidez»: si una prohibición no resolvía el problema, no es que fuera una medida equivocada, sino que, sencillamente, era insuficiente.

Se prohibieron los cuentos de hadas, debido a los lobos que se comían a las abuelas sin su consentimiento informado. Después se prohibió a las propias abuelas, ya que eran la fuente de historias sin verificar. Se prohibió el aburrimiento, ya que daba lugar a pensamientos sin supervisión, precursores de los pensamientos profundos, que son notoriamente los más peligrosos.

Luego llegó la tecnología y, con ella, la edad de oro. Se prohibió el cifrado —era como hablar con la mano tapando la boca—: se abolieron los mensajes codificados y se hizo obligatorio el uso de postales. Se prohibieron las contraseñas: se impuso una única —«1234»—, la misma para todos, en nombre de la transparencia. Se prohibió borrar mensajes, porque borrarlos equivalía a una confesión. Y se prohibió apagar el teléfono: un dispositivo apagado era el único contenido que no se podía examinar —el crimen perfecto—. Que se quedara la batería sin carga equivalía a un apagado por negligencia.

En el centro de todo estaba el «Kind Reader»: la máquina que abría cada carta, cada mensaje, cada nota doblada en cuatro, antes de que llegara al destinatario. «Solo para buscar cualquier cosa sospechosa», aclaró el Ministerio. Lo leía todo como un mayordomo que rebusca en los cajones con el meñique levantado, y sellaba cada comunicación con las palabras «No hay nada de qué preocuparse». Una carta de amor sin sello resultaba sospechosa. Con el sello, el asunto quedaba zanjado.

Alguien objetó que leer las publicaciones de todo el mundo para proteger a una sola persona era como vaciar el mar para buscar un anillo. La objeción se calificó como «apego mórbido a la privacidad». En el Gran Ducado, no había nada que ocultar. Estaba prohibido tener algo que ocultar.

¿Y qué hay de los niños? Seguían sin encontrarse bien. Uno de ellos escribió en un redacto que se sentía solo. A la profesora le hubiera gustado hablar con él, pero necesitaba el formulario 47-bis, el dictamen de la Comisión de Empatía y un preaviso de sesenta días. Mientras tanto, el niño creció. El formulario llegó justo a tiempo para su decimoctavo cumpleaños, junto con los mejores deseos del Ministerio.

Nadie se había preguntado nunca por qué esos niños estaban enfermos. Plantear esa pregunta habría requerido tiempo, dinero y esfuerzo, y conllevaba la desagradable posibilidad de descubrir que el problema residía en los adultos. Una prohibición es mucho mejor: cuesta poco, queda bien sobre el papel y parece una solución sin serlo realmente.

Un día, un profesor jubilado de avanzada edad planteó formalmente una pregunta: «Pero, ¿se ha resuelto todo esto —el problema—?». La pregunta se analizó con la máxima seriedad. Posteriormente fue prohibida, ya que se consideró que su contenido era inadecuado para menores y desestabilizador para los adultos.

Y así fue como, en el Gran Ducado, el asunto quedó oficialmente zanjado. Y prohibido. Lo cual, en ese contexto, venía a ser lo mismo, pero a un coste mucho menor.