En el camino hacia un futuro sostenible, todos los agentes de la sociedad están llamados a desempeñar su papel. La crisis climática, la necesidad de reducir las emisiones, nos obligan a replantearnos radicalmente nuestra forma de producir, consumir y compartir la energía.
En efecto, la transición energética no puede reducirse únicamente a una cuestión de grandes instalaciones industriales o de decisiones políticas internacionales. Necesita la contribución generalizada de todos: territorios, empresas, los propios ciudadanos.
Aquí es donde entra en juego el potencial de las Comunidades de la Energía: un modelo innovador de producción y uso compartido de la energía, que combina sostenibilidad, participación activa e innovación digital. Gracias a estas realidades, cada individuo o grupo puede contribuir directamente a la descarbonización, mejorando la eficiencia energética y, al mismo tiempo, fomentando la cohesión social. Es una forma diferente de pensar y actuar en la transición, que muestra cómo la sostenibilidad es tanto una cuestión tecnológica como un reto cultural y colectivo.
De la comunidad a la sostenibilidad
Agrupaciones de ciudadanos, empresas, organismos públicos o asociaciones que se unen para producir, consumir y gestionar energía de forma compartida, utilizando fuentes renovables. Son, en definitiva, las comunidades energéticas, cuyo concepto básico es sencillo pero revolucionario: superar el modelo centralizado de producción y distribución de energía y construir, a escala local, redes de generación y consumo capaces de promover la sostenibilidad y devolver beneficios directos a la comunidad.
Funcionan mediante sistemas, por ejemplo fotovoltaicos, instalados en tejados, edificios públicos, terrenos baldíos o espacios privados, y la energía producida es autoconsumida por los miembros de la comunidad. El modelo de gobernanza más popular es el cooperativo: un miembro, un voto. Este enfoque garantiza una distribución justa de los beneficios y refuerza el capital social; sin embargo, también existen modelos híbridos, en los que las autoridades locales, las empresas públicas y los ciudadanos coparticipan mediante formas flexibles de asociación.
En términos de impacto, el potencial de estas realidades es muy elevado y toca varias dimensiones. Desde el punto de vista medioambiental, contribuyen a disminuir las emisiones y a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, aumentando la cuota de energía renovable producida y consumida localmente; desde el punto de vista económico, permiten a los participantes ahorrar dinero y, en algunos casos, generar valor compartido en el territorio; pero quizá el aspecto más interesante e innovador sea el social y cultural: las comunidades energéticas, de hecho, transforman a los ciudadanos en los llamados prosumidores, productores y consumidores conscientes que participan activamente en las elecciones energéticas, promoviendo la inclusión, la equidad y la cohesión.
El contexto normativo
En los últimos cinco años en particular, el concepto de comunidad energética ha ganado centralidad en el debate europeo e italiano, convirtiéndose en una de las herramientas clave para permitir una transición energética que no solo sea más sostenible en términos medioambientales, sino también más justa. La Unión Europea, con la Directiva RED II (2018/2001), introdujo una definición jurídica precisa de «comunidad de energías renovables», reconociendo el derecho de los ciudadanos a convertirse en agentes activos del sistema energético: productores, consumidores, almacenadores y proveedores de energía.
En Italia, la transposición de la RED II se hizo por etapas.
Una regulación inicial introducida por el Decreto Milleproroghe 162/2019 inició un régimen transitorio, permitiendo el establecimiento de comunidades de energías renovables dentro de ciertas limitaciones (potencia máxima de 200 kW y miembros bajo la misma cabina secundaria).
La plena aplicación llegó entonces con el Decreto Legislativo 199/2021 -en vigor a partir de diciembre de 2021-, que transpuso la RED II, estableciendo normas para la participación de los ciudadanos, las PYME y las autoridades locales.
Esto ha marcado el inicio de un camino que, sin embargo, sigue encontrando algunas dificultades. Por ejemplo, varias comunidades energéticas italianas nacieron de iniciativas públicas o de grandes empresas de servicios públicos, con un enfoque descendente: se necesitan incentivos, simplificaciones normativas, apoyo técnico e instrumentos financieros inclusivos para fomentar las iniciativas ascendentes. En resumen, se han dado pasos adelante, pero aspectos como la fragmentación administrativa y la lentitud de los procedimientos de autorización siguen siendo problemas pendientes.
El estado de la técnica en Italia: luces y sombras
Según los datos publicados por el IGE en marzo de este año, actualmente hay 212 comunidades de energías renovables (CER) activas en nuestro país, con 326 plantas renovables conectadas, una potencia total instalada de 18 MW y 1956 consumidores conectados. Si se compara con el objetivo del PNRR -que fija una meta de 1.730 MW de potencia instalada mediante configuraciones de autoconsumo colectivo o comunidades energéticas para el 30 de junio de 2026-, queda claro que la cifra es aún muy baja: estamos, de hecho, a poco más del 1% del objetivo fijado, y el tiempo apremia.
Como muestra, sin embargo, de la creciente concienciación e interés por este tipo de iniciativas, el IGE ha recibido casi 4.000 solicitudes de nuevas RCE, correspondientes a una capacidad total de unos 390 MW. Se trata de una cifra interesante, que parece sentar las bases de un rápido crecimiento en los próximos meses: un crecimiento que, sin embargo, para que tome forma, deberá apoyarse en un marco normativo adecuado que favorezca y no frene su desarrollo.
El cerebro digital de las comunidades energéticas
Si el corazón de las comunidades energéticas es el uso compartido de la energía, las tecnologías digitales pueden ser el cerebro de su funcionamiento eficiente, seguro y transparente. Plataformas digitales, inteligencia artificial, blockchain, cada una de estas herramientas desempeña un papel cada vez más central en la gestión de estas iniciativas, haciendo posible la optimización de los flujos de energía, el seguimiento en tiempo real y la participación directa de los ciudadanos.
La inteligencia artificial, por ejemplo, puede permitir predecir la producción fotovoltaica en función de los datos meteorológicos, y así adaptar dinámicamente el consumo maximizando el autoconsumo y reduciendo el despilfarro. Las plataformas digitales permiten entonces a los miembros de la comunidad comprobar fácilmente sus datos energéticos, verificar los beneficios económicos y medioambientales o participar en decisiones de interés colectivo. En cuanto al blockchain, con su capacidad para garantizar la transparencia y la trazabilidad, puede ayudar a certificar de forma segura los intercambios de energía entre los miembros de la comunidad, fomentando modelos de comercio de energía entre iguales.
En resumen: las comunidades energéticas pueden describirse como una síntesis virtuosa de tecnología, sostenibilidad y participación social.
Son una gran oportunidad para construir un nuevo modelo de desarrollo basado en la proximidad, el reparto y la responsabilidad. Por sí solas, no bastan para resolver el complejo rompecabezas de la transición energética, pero sin duda pueden acelerar el camino, haciéndolo más inclusivo y generalizado en el proceso. Y las tecnologías digitales -si se diseñan y aplican cuidadosamente- pueden amplificar aún más el impacto positivo de este tipo de iniciativas al simplificar su gestión.
En un sistema energético cada vez más distribuido, inteligente y sostenible, las comunidades energéticas pueden convertirse en verdaderos laboratorios del cambio. Una forma concreta de demostrar que el reto de la sostenibilidad no se ganará a menos que asumamos la responsabilidad compartida desde la base. Apoyados por las tecnologías que elijamos utilizar en este viaje fundamental y por un marco normativo y operativo que facilite la difusión de estas realidades, que representan una de las principales palancas estratégicas para la transición energética en nuestro país.
